Nicolae Ștefănuță, uno de los vicepresidentes en funciones del Parlamento Europeo, ha llamado a más europeos a firmar la petición Stop Killing Games
La industria de los videojuegos está en constante evolución, ahora es muy común debatir sobre la pertenencia a los productos digitales. Durante estos últimos años, hemos visto un tema que atormenta a muchos jugadores, y es la posibilidad de que un título comprado pueda desaparecer para siempre en un futuro de nuestras bibliotecas. Este fenómeno ha impulsado un movimiento de defensa de los derechos del consumidor denominado Stop Killing Games, que comenzó con el 'Caso The Crew' de Ubisoft.
Un político importante de la UE apoya Stop Killing Games
El objetivo de Stop Killing Games es garantizar que, una vez el juego se vende, se convierte en una propiedad permanente para el jugador, obligando a las compañías a crear modos offline en la medida de lo posible en aquellos títulos multijugador para asegurar que seguirá estando disponible. Ahora que esta campaña ha dado un paso importante y está consiguiendo el respaldo de cientos de miles de jugadores de Europa, una figura influyente en el ámbito político ha reconocido abiertamente que apoya la causa.
Uno de los vicepresidentes del Parlamento Europeo, Nicolae Ștefănuță, ha expresado su apoyo oficial al movimiento, dándole visibilidad y legitimidad en una historia en su perfil de Instagram. El político rumano ha llamado a los europeos a firmar la petición, algo que aumenta significativamente las posibilidades de que la iniciativa llegue a legislarse una vez se valore en la Comisión Europea, algo que finalmente ocurrirá debido a que Stop Killing Games ha superado el umbral mínimo del millón de firmas.
Estas son las declaraciones de Ștefănuță: "Apoyo a las personas que iniciaron esta iniciativa ciudadana. La firmé y seguiré ayudándolos. Un juego, une vez vendido, pertenece al cliente, no a la empresa", señala (vía Dexerto). El apoyo del político no es un gesto simbólico, pues él ha firmado personalmente la petición y ha elogiado a los organizadores del movimiento. Esta postura se opone a las preocupaciones del mayor grupo de videojuegos de Europa, Videogames Europe, que afirman que esta ley podría generar altos costos de desarrollo.
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