En California se votaba el Protect Our Games Act, pero la ESA se negó afirmando que estos servidores "son una forma de piratería"
La batalla entre preservación de videojuegos y derechos de propiedad intelectual ha dado un curioso y extraño giro. Mientras Stop Killing Games defiende en el Parlamento Europeo la necesidad de preservar el medio interactivo en un contexto donde juegos online o dependientes de servidores cierran y quedan inaccesibles, la ESA estadounidense (Entertainment Software Association), el principal organismo de la industria al otro lado del charco, ha asegurado durante una audiencia legislativa en California que los servidores privados de Minecraft son "ilegales" y constituyen una forma de "piratería".
La declaración se produjo durante una sesión del Senado estatal de California sobre la Protect Our Games Act, una propuesta que surgió al mismo tiempo que el movimiento Stop Killing Games estaba ganando tracción en Europa. Esta, al igual que la iniciativa de Ross Scott, busca obligar a las editoras a garantizar que sus juegos sigan siendo jugables incluso tras el cierre de sus servidores oficiales. Durante la audiencia, el miembro de la Asamblea Chris Ward puso como ejemplo, para defender la Protect Our Games Act, títulos como Minecraft o Call of Duty, señalando que ambos cuentan con servidores comunitarios como alternativa funcional cuando el soporte oficial desaparece.
La industria del videojuego en Estados Unidos ataca a los servidores privados
Fue entonces cuando Jennifer Gibbons, vicepresidenta de asuntos gubernamentales estatales de la ESA, interrumpió para rechazar esa idea. Según defendió Gibbons, esos servidores ya están en el punto de mira de la ESA, con dos demandas pendientes contra servidores privados, acusados de "ilegales". "De hecho, lo consideramos piratería [abrir y gestionar un servidor privado]. Tenemos demandas, dos demandas pendientes, contra servidores privados en este momento, y la Oficina de Comercio de los Estados Unidos (USTR), en sus Informes de Mercados Notorios sobre falsificación y piratería, ha nombrado a algunos de estos grandes servidores privados como un mercado ilegal y sancionable".
Sin embargo, esa postura ha sido rápidamente cuestionada por la comunidad. Según citan los compañeros de IGN, en el caso concreto de Minecraft, la afirmación choca frontalmente con la política oficial del juego, ya que Mojang dispone de varias páginas en su web donde anima a los jugadores a crear sus propios servidores o unirse a listas de servidores de terceros verificados, por lo que no constituye una acción ilegal si está aprobada por sus propios autores. La compañía incluso revisa estos espacios para garantizar que cumplen sus normas comunitarias y de seguridad.
Por eso, tras el revuelo generado, la ESA se vio obligada a matizar su postura con un nuevo comunicado tras las palabras de Gibbons. En él, aclaró que se refiere únicamente a servidores privados que alojan o distribuyen contenido protegido por copyright sin autorización. Según el organismo, la inclusión de estos servidores como alternativa legítima en la ley californiana podría debilitar la capacidad de las editoras para proteger su propiedad intelectual y controlar los estándares de seguridad para los jugadores.
"Los servidores privados infringen los derechos de propiedad intelectual de los editores de juegos. Los editores se reservan el derecho de ejercer sus derechos contra ellos. Además, los servidores privados operan sin supervisión del editor y no cumplen con los mismos estándares de confianza y seguridad. Esto podría crear un ambiente inseguro para los jugadores y ser contrario al compromiso de la industria de fomentar un espacio seguro y divertido para todos los jugadores", algo que sigue chocando de frente con el caso de Minecraft.
De hecho, PC Gamer alude a que el informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos está completamente equivocado con lo que citan como servidores privados. Según el medio anglosajón, el texto de la USTR que defiende la ESA señala aquellos servidores privados que permiten saltarse modelos de suscripción o pagos obligatorios, no aquellos donde los usuarios disfrutan de experiencias privadas o comunitarias de juego utilizando los propios assets y herramientas del proyecto en cuestión.
Aun así, las contundentes, aunque erradas palabras de la ESA sirvieron para convencer a la Asamblea californiana y la Protect Our Games Act no consiguió los votos necesarios para avanzar. Si bien tiene la posibilidad de volver a presentarse y debatirse en el futuro, la Stop Killing Games de Ross Scott ha salido en defensa de sus posiciones al otro lado del Atlántico, acusando a la ESA de utilizar argumentos alarmistas para que los legisladores poco familiarizados con el mercado del videojuego voten en contra de su preservación.
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