Dos años después del comienzo de su campaña, Stop Killing Games ha sufrido su primer gran revés en la Unión Europea. Las autoridades comunitarias han decidido, pese a que la iniciativa recaudó más de un millón de firmas, no proponer una nueva legislación que proteja a los consumidores ante el cierre de servidores de los videojuegos de pago. Desde la Comisión Europea, que es la única institución de la Unión con capacidad de proponer nuevas leyes, han decidido que lo mejor es "entablar conversaciones con los consumidores y la industria del videojuego para mejorar la gestión del fin de la vida útil de los títulos".
De acuerdo con el comunicado de prensa de la Comisión Europea, la decisión de no legislar tiene que ver con las leyes de copyright y propiedad intelectual. Adicionalmente, consideran que "las leyes de protección al consumidor vigentes ya aportan importantes garantías para la protección de los intereses económicos de los consumidores". "Los proveedores de videojuegos deben informar a los consumidores sobre la duración y las condiciones de rescisión del contrato antes de que estos se suscriban al juego. La directiva sobre contenidos y servicios digitales ofrece a los consumidores vías de recurso cuando el contenido o el servicio prestado no se ajusta a dicho contrato ni a lo que los consumidores podrían esperar razonablemente", explican desde el órgano regulador.
El cierre de The Crew dio el pistoletazo de salida a Stop Killing Games.
En este sentido, lo que los jugadores podemos esperar de forma realista es que las directivas existentes se apliquen de forma más tajante. La duda es si estas directivas son lo suficientemente específicas para adaptarse a las particularidades de la industria del videojuego, donde el concepto de propiedad es mucho más difuso que en la música o el cine. ¿Cuáles son las causas justificables para que un juego de pago cierre servidores? ¿Cómo se va a informar a los usuarios de esas cláusulas de rescisión del contrato? ¿Hasta qué punto la falta de regulación no va a interpretarse por las compañías como una carta blanca? Lo cierto es que la decisión es una de esas que plantea más dudas que respuestas.
Stop Killing Games sigue adelante
Los responsables de la iniciativa Stop Killing Games reaccionaron a la noticia de forma casi inmediata con un comunicado en el que llaman a la calma. "Esta decisión no nos pilla por sorpresa. Estábamos preparados. Seguiremos trabajando con el Parlamento Europeo para incorporar Stop Killing Games a la ley de Equidad Digital. Podemos seguir adelante sin la comisión y su falta de decisión", comunicaban a través de las redes sociales.
Lo que se dibuja en el comunicado es un cambio de estrategia. En lugar de intentar que se cree una ley desde cero, buscarán que las reclamaciones de Stop Killing Games se incluyan en la ley de Equidad Digital. Esta propuesta legislativa tiene como objetivo aumentar la protección de los consumidores en internet a través de la prohibición de diseños adictivos, patrones oscuros o abusos. En este sentido, la idea es llevar a cabo enmiendas al texto para que se incluya la preservación de los videojuegos en línea. El enfoque sería el de que una empresa no tiene derecho a inutilizar de forma unilateral un videojuego que ya has pagado.
Esta nueva situación podría retrasar el proceso, pero lo cierto es que Stop Killing Games ha conseguido que su mensaje cale entre diferentes grupos políticos y contará con apoyo parlamentario. Además, parece que cada vez hay un mayor interés en prestar atención a todo lo relacionado con el consumo de videojuegos tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. En cualquier caso, algo indudable es que deberemos armarnos de paciencia.
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