La inteligencia artificial y las técnicas de ransomware son las grandes aliadas de los estafadores en línea
Los ataques de hackers se han convertido en uno de los negocios criminales más lucrativos del mundo. Por desgracia para los afectados, distintos estudios han certificado que, solo en 2023, las pérdidas de las víctimas ascendieron por encima de los 1.000 millones de euros. Por ello, cada vez más organizaciones, fuerzas policiales, entidades gubernamentales y similares instan a llevar a cabo la misma acción: no ceder al chantaje de los estafadores.
Sin embargo, estos siempre encuentran una nueva vía para seguir engañando a sus víctimas. En una reciente publicación del portal TechSpot se recogen las declaraciones de Charles Carmakal, CTO de Mandiant (firma de ciberseguridad). En ellas, Carmakal habló de los peligros de la inteligencia artificial y habló en profundidad de una nueva práctica que está ganando popularidad: “los hackers cambian las tarjetas SIM de los teléfonos de los hijos de ejecutivos y comienzan a hacer llamadas desde estos números”. Y esto, como era de esperar, está teniendo resultados fatídicos.
El sector de la salud es el más afectado
Según los datos que compartió Carmakal durante el Panel de Inteligencia de Amenazas de Seguridad de Google que tuvo lugar en San Francisco, en esta situación entra en juego un dilema psicológico. A priori, los afectados piensan que quién les llama es su hijo, pero en realidad lo que se escucha es la voz de un extraño. Y esto, en esencia, les empuja a pagar la cantidad que haga falta, ya que, por ejemplo, piensan que su hijo ha sido secuestrado y es la única forma de asegurar un rescate.
Así, este tipo de ataques, conocidos como ransomware, no han dejado de crecer en los últimos años. Por desgracia, el sector más afectado es el de la salud: en los 9 primeros meses de 2023, esta industria recibió 241 ciberataques, casi 100 más que las entidades gubernamentales (sufrieron 147 ataques). No obstante, las consecuencias para aquellos que realizan estos ataques y son capturados son cada vez mayores, ya que se enfrentan a penas de hasta 13 años de cárcel y, en algunos casos, a multas de varios millones de euros.
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