
California da el primer paso legal para impedir que las compañías cierren sus juegos online sin avisar ni devolver el dinero a quienes los compraron
Si hay un lugar en el mundo cuya opinión sobre los videojuegos importa más que la de cualquier otro, ese es California. El estado que vio nacer a gigantes como Electronic Arts, Activision Blizzard o Naughty Dog, y que hoy reúne a más de 900 empresas y cerca de 30.000 trabajadores del sector, acaba de dar un paso clave para ofrecer más protección a los jugadores a la hora de comprar videojuegos. Stop Killing Games es inevitable, y hace unos días la iniciativa se anotó una gran victoria.
Stop Killing Games es inevitable
Según informan desde PC Gamer, la Asamblea Estatal de California ha dado luz verde a una ley que, por fin, ofrece una mayor protección una vez compras un videojuego. Antes, una empresa podía desconectar un juego online y dejar con las manos vacías a quienes lo compraron, pero ahora todo ha cambiado. La norma, conocida como Protect Our Games Act, obliga a las compañías a avisar con al menos 60 días de antelación antes de cerrar servidores de cualquier juego que necesite conexión para funcionar.
Además, deben ofrecer alguna forma de que el juego siga siendo jugable, ya sea con un modo offline, o a través de servidores gestionados por la comunidad o aportar otras opciones. En caso de que eso no sea posible, el equipo estará obligado a devolver el dinero a quienes compraron el juego. Esta propuesta salió adelante con 43 votos a favor y solo 16 en contra, y fue anunciada por Chris Ward, un asambleísta que votó por la protección de los jugadores. Él explicó que la idea surgió de "un vecino de San Diego harto de ver cómo sus juegos se cerraban poco después de haberlos comprados".
Detrás de esta victoria está Stop Killing Games, el movimiento que lleva desde 2024 peleando contra esta práctica. Después de que Ubisoft cerrara The Crew sin posibilidad de seguir jugando aunque lo hubieses comprado, comenzó una campaña de firmas que debía llegar a 1 millón para que se iniciaran los trámites legales para presentar la iniciativa ante la Unión Europea. La parte positiva es que, tras superar y verificar el millón de firmas, el Parlamento Europeo acogió favorablemente la propuesta.
Tras todo el apoyo recibido, ahora se está plantando cara a los lobbies de la industria que dicen que apoyan a los jugadores, cuando en realidad actúan como representantes de las grandes compañías de videojuegos. Una prueba de ello es que la Entertainment Software Association (ESA) ya intentó frenar la ley argumentando que obligar a mantener juegos viejos funcionando obligaría a los estudios a destinar unos recursos que podrían dedicar a crear juegos nuevos.
Ante la victoria en California, Stop Killing Games no tardó en reaccionar y celebrar el resultado. "Esta es la misma lucha que en Europa: un movimiento de consumidores que pide protecciones básicas, frente a una industria que quiere seguir vendiendo juegos que luego puede desconectar cuando le convenga [a los estudios]". Con la Asamblea ya superada, el siguiente paso es que la propuesta pase por el Senado estatal de California, donde la ley deberá superar una nueva votación para seguir adelante.
Lo llamativo es que California no es ajena a este debate. En 2024, el gobernador Gavin Newsom ya firmó otra ley, la AB 2426, que obligaba a las tiendas digitales a dejar de usar palabras como "comprar" o "adquirir" cuando en realidad lo que el usuario obtiene es una simple licencia de uso que puede ser revocada en cualquier momento. Dicho de otro modo: el estado ya reconoció legalmente que los jugadores no son precisamente propietarios de los juegos que compran, y que las empresas llevan años usando publicidad engañosa para ocultarlo.
Ahora, con la Protect Our Games Act de California te garantizan que el juego que has pagado siga funcionando de una forma u otra, aunque aún debe superar la votación en el Senado estatal de California y ser firmada del gobernador antes de convertirse en ley. El recorrido en Europa tampoco está terminado, ahora la Comisión Europea tiene que responder oficialmente a la iniciativa Stop Killing Games antes del 27 de julio de 2026, pero también puede simplemente decir que no ve necesaria una nueva ley y cerrar el expediente. Y si decide actuar, aún quedaría por delante todo el proceso legislativo europeo, que podría tardar años.
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