El Primer Ministro busca más poder para regular esta situación y pone el foco en menores, chatbots y verificación de edad
Keir Starmer, el actual Primer Ministro de Reino Unido, reveló que está analizando una hipotética ampliación de poderes para regular el acceso online, ya que considera que la tecnología avanza tan rápido que es muy difícil actuar con leyes "lentas". Así, el objetivo principal es proteger a los menores de edad, pero el efecto colateral es inevitable, dado que un mayor control implica más fricción para todos los usuarios.
Entre las ideas principales se baraja que el gobierno explore medidas contra el uso de redes VPN que permiten saltarse los bloqueos. Aquí, la conversación vuelve hacia el lado de prohibición para los menores, ya que Reino Unido lleva tiempo estudiando esta opción y podría llegar a implementar una posible restricción de redes sociales para menores de 16. Así, su visión recuerda a la de Australia o España.
El futuro digital de Reino Unido
El detonante ha sido la presión sobre contenidos dañinos y casos con chatbots, ya que ahora quieren meter de forma explícita este tipo de situaciones dentro del paraguas regulatorio. El Online Safety Act ya contempla castigos fuertes y, por ello, recoge sanciones de hasta un 10% de la facturación global de las empresas o un importe de 20,7 millones de euros en el umbral fijo.
Algunas plataformas ya han reaccionado a normas de verificación de edad bloqueando el acceso desde Reino Unido, situación que ha alimentado el debate sobre privacidad o seguridad. Starmet, de hecho, sugiere recortar trámites parlamentarios para acelerar cambios, una decisión que genera polémica: si el "modo rápido" entra en juego en política, la situación es aún más complicada de frenar.
Al mismo tiempo, también existe una lectura geopolítica, ya que endurecer las reglas sobre internet y plataformas puede chocar de forma directa con debates sobre libertad de expresión y, al mismo tiempo, generar tensiones con los países responsables de cada espacio digital. Por ello, la actuación más inmediata pasa por analizar qué se exige a las plataformas, cómo se verifica la edad y dónde se traza la línea entre protección o vigilancia.
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