Se llama Faustino Cordero, y tal y como recoge el diario Hoy, es sólo uno de los 165 empleados públicos del Ayuntamiento de Cáceres que han decidido trabajar en remoto. Su caso es especialmente llamativo porque, además, no lo hace desde la misma provincia, ni siquiera desde una comunidad vecina. Su teletrabajo está a 560 kilómetros de distancia.
Con su familia en Vitoria y su trabajo en Cáceres, el caso de Faustino le permite vivir en la otra punta de España mientras trabaja en remoto, con las llamadas desviadas y acudiendo cada 10 días de forma presencial mediante coche compartido, pero está lejos de ser un caso extraño y, de hecho, es algo que en ciertas condiciones se persigue activamente.
El teletrabajo entre los funcionarios
Con la intención de descentralizar la presencia de aquellos funcionarios públicos que, por estar atados a trabajos más técnicos, requieren más ordenador y teléfono que una necesidad in situ, a finales de 2021 el Ministerio de Hacienda y Función Pública puso sobre la mesa la posibilidad de ofrecer la modalidad de teletrabajo ofreciendo "los medios tecnológicos necesarios para su actividad", siempre que no superase el gasto público.
Lo hacía además con una particularidad adicional. En aquellos puestos públicos que se agarrasen al teletrabajo desde la España Vaciada, en zonas rurales del territorio con una demografía a la baja, estos funcionarios sólo tendrían que trabajar presencialmente un 10% de la jornada en cómputo mensual. Es decir, poco más de dos días en un mes normal.
Actualmente uno de cada cuatro de los cerca de 300.000 trabajadores públicos que hay en España desempeña su labor desde casa una media de dos días por semana, y aunque cada comunidad se agarra a lo establecido durante los últimos años con más o menos entusiasmo y flexibilidad, los sindicatos trabajan para reconocer explícitamente el teletrabajo dentro de las administraciones.
Imagen | Claudio Schwarz
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