Steam se gana un nuevo enemigo que busca controlar la plataforma y censurar a su antojo, aunque 'solo' para 87'8 millones de habitantes

Turquía ha presentado un proyecto de ley para restringir el acceso a Steam, pero también a otras plataformas

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Alberto Lloria

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En las últimas semanas, Steam ha estado en el punto de mira desde un prisma judicial. El pasado enero, la plataforma de Valve fue acusada nuevamente de "cobrar de más a 14 millones de jugadores de PC", lo que llevó a la compañía a defenderse en los tribunales. Ahora, sin embargo, el foco de esta nueva polémica está en Turquía, donde el gobierno del país ha presentado un proyecto de ley que, de aprobarse, restringiría drásticamente el acceso a Steam, así como a Epic Games y plataformas similares, dentro de sus propias fronteras.

Según el borrador de la legislación, las empresas internacionales que operen en Turquía y superen cierto tamaño deberán mantener una oficina o representante legal en el país, además de proporcionar información sobre su estructura corporativa, algoritmos y mecanismos de procesamiento de datos a la Autoridad de Tecnologías de la Información y la Comunicación (BTK). La ley permitiría que la BTK exija esta información y, en caso de incumplimiento, imponga multas y restricciones de ancho de banda de hasta el 90%, lo que volvería prácticamente inutilizable la plataforma.

Turquía tendría poder para vetar y exigir cambios en juegos

La propuesta también incluye nuevos requisitos de clasificación por edades para todos los juegos digitales vendidos en Turquía. Los títulos que no cuenten con una clasificación adecuada podrían ser eliminados de las tiendas, aunque aún no está claro si las herramientas internas de plataformas como Steam serían suficientes o si sería necesario recurrir a organismos internacionales de clasificación, como PEGI, lo que podría encarecer la publicación para desarrolladores independientes.

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Además, la legislación otorgaría a la BTK autoridad para supervisar y exigir modificaciones en el contenido de los juegos, algo que afectaría la situación actual, donde las plataformas ya estaban obligadas a eliminar contenido considerado ilegal en un plazo de 24 horas. Si bien el gobierno justifica la iniciativa como una medida para proteger a los menores, organizaciones de derechos digitales denuncian que este tipo de regulaciones podrían ser un pretexto para limitar libertades civiles y la libertad de información.

Grupos como la Electronic Frontier Foundation (vía PCGamer) han señalado que, aunque la seguridad es un objetivo legítimo, leyes de este tipo "pisotearían los derechos de jóvenes y adultos en el proceso", advirtiendo que podrían sentar un precedente peligroso para la censura digital. Lo más importante es que la propuesta de Turquía se suma a otros esfuerzos globales por regular la actividad en línea.

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