Elon Musk ha sufrido un nuevo revés relacionado con su periplo al frente de Twitter. A pesar de que ya no ejerce como CEO de la compañía, ya que dicha posición ahora es desarrollada por Linda Yaccarino, Musk no se ha podido librar de todas las polémicas que rodean a la plataforma. Por ello, después de anunciar un cambio sin precedentes que disgustó al 88% de los usuarios, el multimillonario ahora ha visto como una demanda que interpuso no solo no ha llegado a buen puerto, sino que sienta un precedente sobre su forma de gestionar la red social.
Como señala Ars Technica en una reciente publicación, X presentó una demanda contra el Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCDH). En esta, los miembros de la plataforma alegaban que la organización había accedido ilegalmente a los datos de la red social para extraerlos y estudiarlos. Con los mismos, la CCDH decretó que habían constatado un aumento de la incitación al odio y la desinformación en la plataforma, razón que llevó a X a presentar la demanda. Sin embargo, el juez encargado de estudiar el caso ha sido claro: “a veces leyendo entre líneas se puede intentar adivinar el verdadero propósito”.
Elon Musk no defiende la libertad de expresión de otros usuarios
Charles Breyer, juez de California, señaló que en este caso la verdadera intención tanto de X como de Elon Musk era “castigar a los demandados por su discurso”. Así, el juez afirma que la compañía buscaba disuadir a otros que quieran dedicarse a lo mismo que el CCDH. De hecho, no es la primera vez que Musk se ve inmerso en una situación similar, ya que en el pasado ya tuvo sus más y sus menos contra la Liga Antidifamación, una asociación a la que acusó de haberle costado aproximadamente 4.000 millones de dólares.
Sea como fuere, esta nueva disputa demuestra que Elon Musk, autodeclarado “absolutista de la libertad de expresión”, no está tan conforme con la misma si va en contra de sus intereses. Imran Ahmed, director ejecutivo de la CCDH, compartió su alegría ante la decisión del juez. Así, hizo hincapié en cómo los tribunales han confirmado el “derecho fundamental” que tienen las organizaciones como la suya a hablar, defender y exigir responsabilidades a las empresas que “toman decisiones a puerta cerrada que afectan a nuestros hijos, a la democracia y a nuestros derechos humanos”.
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