Abelardo González
Editor - TechBruselas está preparando una "lista negra" de proveedores de alto riesgo y busca que su tecnología salga de infraestructuras críticas, una situación que ha salpicado directamente al mercado europeo de teléfonos inteligentes. El borrador se centra en una revisión de la Cybersecurity Act y responde al aumento tanto de ataques cibernéticos como del miedo a interferencias, espionajes y dependencia de proveedores no europeos. Aquí, Europa entra directamente al juego: no menciona nombres, pero sí pone el foco sobre algunas compañías.
Una de las principales señaladas es Huawei, pero podría no ser la única compañía china involucrada en la revisión de la ley. Para las operadores móviles, la hoja de ruta es cada vez más clara: tienen 36 meses desde la publicación de la lista final para retirar componentes clave considerados de alto riesgo. Si no lo hacen, podrían enfrentar sanciones del organismo europeo, ya que en el pasado ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de plantar cara a las grandes tecnológicas.
Europa fija el calendario
Los plazos para cables submarinos, redes fijas y conexión satelital aún no están fijados, motivo por el que Europa no ha querido dar fechas. De momento, la Comisión Europea asegura que anunciará diferentes ventanas según impacto y alternativas, motivo por el que ampliarán su visión en un futuro. Así, el alcance va más allá del 5G al salpicar a 18 sectores críticos como coches conectados a la red, drones, almacenamiento en la nube, semiconductores, equipos médicos, electricidad y agua.
La norma, si todo sale según lo previsto, se activaría tras una revisión formal de riesgo iniciada por la propia Comisión Europea o por, al menos, tres países miembros de la Unión Europea. A su vez, todo estará ligado a su correspondiente análisis del mercado. No obstante, aunque aún no ha entrado en vigor, Huawei ya denuncia discriminación por país de origen y ha avisado que podría tomar acciones para proteger sus intereses.
En línea con la visión de los asiáticos, las compañías de telecomunicaciones aseguran que podrían tener que asumir costes regulatorios de miles de millones de euros relacionados con aspectos como regulaciones, sustituciones o papeleo. De momento, el final no está escrito y las negociaciones podrían cambiarlo todo, ya que aún falta conocer la postura de los gobiernos y el Parlamento Europeo. Si finalmente avanza, Europa pasa de recomendar a obligar, y ese paradigma lo cambia todo.
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