Abelardo González
Editor - TechLa llegada de Donald Trump a la Casa Blanca está provocando un terremoto tecnológico que salpica a varias naciones. Un ejemplo de ello sería la posible subida de los aranceles que, a la postre, podría terminar afectando a tu bolsillo, ya que los productos de origen chino tendrán más valor en el mercado. Sin embargo, una de las principales preocupaciones de los norteamericanos es el acceso a la inteligencia artificial y, por ello, está probando la forma de limitar el acceso a su tecnología puntera.
Como señala Ars Technica, el gobierno de EE.UU. anunció nuevas regulaciones para la exportación de chips de IA. Como consecuencia directa, tiene la intención de dividir el mundo en tres niveles: por un parte, 18 aliados claves que tendrán acceso sin limitaciones a los chips avanzados de IA; por otra, otros 120 países sujetos a cuotas específicas de exportación y, por último, una serie de regiones que tienen totalmente prohibido acceder a la tecnología de estadounidenses. Y, como ya dijeron en el pasado, estos países serán China, Rusia, Irán y Corea del Norte.
Política para pequeños pedidos y cuotas por países
Los chips de IA podrían utilizarse para desarrollar armas de destrucción masiva, ciberoperaciones ofensivas y violaciones de derechos humanos según las estimaciones del gobierno estadounidense. De hecho, chips como los de NVIDIA son fundamentales para modelos de IA avanzados y, por ello, están presentes en chatbots, coches autónomos e incluso en sistemas de armas. Y, como consecuencia directa, Estados Unidos ha introducido esta escala de tres niveles que, por ejemplo, limita el acceso a los países del segundo nivel a 50.000 chips avanzados, si bien pueden ampliar el límite hasta 100.000 si llegan a un acuerdo.
Así, estas nuevas reglas se basan en controles establecidos en septiembre de 2022 y octubre de 2023. Entre ellas, por ejemplo, se encuentra que los pedidos de hasta 1.700 chips avanzados no requieren licencias ni cuentan contra las cuotas nacionales, una situación que favorece a universidades y organizaciones de investigación. Sea como fuere, se espera que entren en vigor en 120 días, razón por la que los países afectados tienen cuatro meses para prepararse de cara a las nuevas regulaciones que darán un vuelco a la industria tecnológica.
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