En el año 2007, France Télécom (una empresa conocida como Orange S.A. desde el 1 de julio de 2013) inició la reestructuración más agresiva de su historia. Como consecuencia directa de ello, durante tres años la firma francesa implementó la movilidad forzada y una serie de degradaciones organizativas que contribuyeron a 19 suicidios de empleados y otros 20 intentos dentro de la plantilla, tal y como reconocieron los afectados o las familias de los fallecidos en los tribunales.
Según reconoció la compañía hace casi dos décadas, el objetivo corporativo era obtener 22.000 salidas de la empresa que, además, irían ligadas a 10.000 cambios de puesto sobre una plantilla compuesta por 120.000 personas. Esto, como era de esperar, generó un clima laboral asfixiante que afectó a todos los empleados, pero nadie creyó que el resultado de la presión y los malos actos de los directivos terminara siendo tan vacío.
En diciembre de 2019, más de una década después del inicio de la reestructuración de France Télécom, los ejecutivos que dirigían la empresa sufrieron la primera condena del país por una práctica que denominaron "acoso moral institucional". Así, se trató de un hito jurídico en la región gala, ya que puso la responsabilidad sobre la política empresarial al estudiar los actos individuales de cada una de las víctimas. Por desgracia, el caso no se cerró ahí, sino que los mismos directivos siguieron luchando por un cambio de veredicto.
Tres años después, en septiembre de 2022, el Tribunal de Apelación de París no solo ratificó la culpabilidad de los antiguos ejecutivos de France Télécom, sino que también mantuvo el marco de acosto institucional contra la cúpula. Así, tanto las familias de las personas que cometieron suicidio como las víctimas celebraron esta decisión, ya que creyeron que podrían respirar tranquilos obteniendo justicia. No obstante, el caso siguió abierto y las sentencias que tuvieron los responsables fueron ridículas.
Condenas sin cumplir y multas absurdamente bajas
El 21 de enero de 2025, más de un lustro después de la primera condena que sufrieron los ejecutivos, la Corte francesa hizo definitivas las condenas y reconoció el concepto de acoso moral institucional, una situación que consiguió consolidar jurisprudencia. A pesar de ello, las sanciones y las sentencias fueron ridículas: Didier Lombard y Louis-Pierre Wenès, las dos cabezas principales de France Télécom durante su reestructuración, fueron condenados con un año de prisión exento de cumplimiento y 15.000 euros de multa; otros directivos, por su parte, contaron con penas menores.
Según la sentencia, los dirigentes no podían ignorar el impacto humano de su estrategia, señalando también que hubo una "política industrial de acoso" para forzar salidas. A raíz de toda la polémica generada, France Télécom cambió su nombre a Orange S.A. en julio de 2013, pero su historia quedó manchada para siempre por las 39 víctimas (incluyendo 19 suicidios) que derivaron de la pésima gestión que se realizó durante la reestructuración.
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